Bomberos Unidos asegura que "es necesario actuar ante la opacidad sobre las guardias localizadas, las infra cotizaciones y los servicios recurrentes prestados por mercantiles sin contrato público en el Consorcio"
REDACCIÓN
La plataforma sindical Bomberos Unidos, que representa al 70 % de la plantilla funcionarial del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), exige a la Diputación y al presidente del CBPC, José Ortiz, el cese inmediato del actual director-gerente, Jaime Domínguez Asencio. Considera que "la opacidad sobre las guardias localizadas, las infra cotizaciones y los servicios recurrentes prestados por mercantiles sin contrato público justifican una actuación inmediata".
Desde Bomberos Unidos explican que "en mayo de 2025 solicitamos una respuesta a una cuestión elemental: si las guardias de localización son voluntarias u obligatorias y cuál es su regulación. Diecisiete meses, dos escritos y varios compromisos institucionales después, el CBPC continúa sin responder con claridad. Su posición sigue siendo que la obligatoriedad dependerá del momento y de quién solicite no realizarlas. No aceptamos que una Administración pública determine las condiciones laborales según quién pregunte o según convenga en cada momento, y mucho menos cuando el director-gerente percibe retribuciones relevantes vinculadas a esas localizaciones", por lo que enrienden que "esta circunstancia exige máxima transparencia y la acreditación completa de las cantidades abonadas y de los criterios aplicados".
Además de ello, informan de "otro hecho especialmente grave: hemos constatado desde Bomberos Unidos que, presuntamente, determinadas mercantiles venían prestando servicios sin contrato público. Hemos comprobado que, al menos, una empresa prestó al CBPC servicios esenciales y recurrentes antes de que, en 2020, aparezca su primer contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se trata de una necesidad puntual o imprevisible: debe aclararse qué cobertura contractual existió, cuánto dinero se abonó y mediante qué procedimiento".
Y apuntan a que la Diputación, de la que depende el Consorcio, "no puede alegar desconocimiento, ya que mediante el expediente CC/2010/2021 contrató expresamente la auditoría de las cuentas anuales de sus entes instrumentales, incluido el propio Consorcio". Además, los artículos 29.3.A y 36.2 del Real Decreto 424/2017 obligan a realizar anualmente estas auditorías y a publicar sus informes en la sede electrónica. Documentación que ya Bomberos Unidos ha reclamado por transparencia. "No pedimos un favor: exigimos el cumplimiento de una obligación legal. Si las auditorías se realizaron, publíquense", insisten desde la plataforma sindical, que asegura no entender por qué siguen sin estar accesibles.
Finalmente, otro de los asuntos que preocupan a la entidad es que "la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social entre 2021 y 2025. Infra cotizaciones que han afectado a las bases reguladoras y, por tanto, a las futuras pensiones de los bomberos". De hecho, Bomberos Unidos estima que las cantidades no cotizadas son de aproximadamente 450.000 €, y subrayan que "la responsabilidad de gestión no puede seguir diluyéndose", por ello, exigen que los representantes de la Diputación soliciten una Junta General extraordinaria del CBPC y sometan a votación el cese del director-gerente.
Como aseguran desde Bomberos Unidos "la Diputación conoce los hechos, y ahora debe decidir si protege la legalidad y a los trabajadores o continúa sosteniendo esta forma de gestión".