Además de las molestias ocasionadas, demoler los chiringuitos de Puerto Sherry costará a los portuenses 360.000 €

El Ayuntamiento ha comunicado a Ecologistas en Acción que va a demoler con carácter subsidiario los chiringuitos-discotecas Phi-Phi, Margarita, Blu y Playa Canalla.

Desde su instalación los chiringuitos-discotecas han estado envueltos en la polémica 

REDACCIÓN

Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado de prensa informando de que el Ayuntamiento les ha trasladado que procederá a demoler con carácter subsidiario los chiringuitos ubicados en La Calita de Puerto Sherry, esto es, Phi-Phi, Blu y Margarita. Lo que supondrá un coste estimado de 360.000 €, que saldrán de las arcas públicas.

Desde Ecologistas recuerdan que “las empresas titulares de estos locales venían incumpliendo sistemáticamente con la obligación de desmontar cada año las instalaciones, y que podían instalarse en suelo destinado a viario porque, se supone, eran desmontables y no permanentes”. Además, señalan que el importe estimado para la demolición subsidiaria deja claro tal y como venían denunciando que, “al no haber sido desmontados anualmente, disponen de construcciones fijas incompatibles con el tipo de suelo en el que se han asentado”.

En este punto, la entidad conservacionista asegura que “todos conocían que eso no se cumplía, a pesar de ser requisito legal para instalarse en ese suelo, y así lo ordenaban los decretos municipales firmados cada año por las tenientes de alcalde Leonor Caballero y Danuxia Enciso, junto a otros firmados por el propio alcalde, Germán Beardo”.

“Ecologistas en Acción lo ha estado denunciando todos estos años, a pesar de lo cual ninguno de estos responsables hacía cumplir la ley y sus propios decretos”, explican desde EA, al tiempo que recuerdan que “todo ello, entre otros hechos, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía que, como es sabido, ha interpuesto una demanda penal en los juzgados de El Puerto, causa en la que Ecologistas en Acción actúa como acusación particular”.

En este contexto, tras el cierre de los locales que el Ayuntamiento se vio obligado a ordenar este año, la teniente de alcalde Leonor Caballero emitió tres decretos el 26 de junio mediante los que les otorgaba, a las empresas titulares, un plazo de 10 días para desmontar y demoler todo lo construido, plazo que debía computarse, como así aclaraba la orden, a partir del día de cierre, el 6 de julio.

“Al pasar el tiempo transcurrido y comprobando el estado de rebeldía de las empresas titulares, Ecologistas en Acción fue recordando periódicamente a la teniente de alcalde Leonor Caballero y al alcalde, Germán Beardo, la situación, así como su obligación de tomar las medidas a que les obliga la ley para hacer cumplir la misma”, explican desde EA, subrayando que “esta obligación no es otra que proceder a la demolición con carácter subsidiario de las edificaciones e instalaciones allí existentes”, que ahora costará dinero a todos los portuenses.

Después de varios escritos y varios meses, los tres decretos que anuncian esta ejecución subsidiaria se emitieron el pasado día 9 de octubre, y contienen información al respecto de la Inspección Municipal de cara a la valoración que esos trabajos tendrán, costes que serán exigidos a las tres empresas causantes de esta decisión por su rebeldía a acatar la ley.

Los Ecologistas sostienen que “con esta decisión municipal de ejecución subsidiaria se va poniendo algo de orden en lo que ha sido una lamentable y caótica gestión municipal que durante todos estos años ha convivido sin problema alguno con una situación que, como poco, se puede tildar de asalto a la seguridad, tranquilidad y descanso de cientos de vecinos, al medio ambiente y a la propia legalidad”, y añaden que “no olvidemos que toda esta gestión ha provocado la actuación de la Fiscalía a denuncias de Ecologistas en Acción y la apertura de diligencias previas en los juzgados portuenses”.

Ahora se abre un plazo de recurso, transcurrido el cual continuará la ejecución del expediente por parte del Ayuntamiento en cumplimiento de sus propios actos y obligaciones legales, y cuyas consecuencias económicas tendrán que afrontar los portuenses.